Esta semana, y tras un debate largo y en ocasiones encendido, la Asamblea Nacional francesa (lo que vendría siendo nuestro Congreso, más o menos) ha acabado la primera lectura del proyecto de Ley de Transición Energética. Mañana martes se procederá su votación, antes del paso del proyecto del Ley al Senado, siguiente etapa en su camino hacia la entrada en vigor.

Impulsada, entre otros, por Segolène Royal, algunos de los puntos más novedosos -y a la par polémicos- de esta ley son la eliminación definitiva de todas las bolsas de plástico de un solo uso en Francia a partir de 2016 y la prohibición del uso y comercialización de vajillas de un solo uso a partir de 2020. La ley incluirá también la exigencia de introducir técnicas de arquitectura y construcción sostenible (tales como aislamientos, etc) en edificaciones, la reducción del número coches impulsados por combustibles fósiles (empezando por los propios coches oficiales), la autorización de creación de Zonas de Circulación Restringida por parte de los Ayuntamientos en localidades de más de 100.000 habitantes, o la creación de un «cheque energía» que garantice a los hogares más modestos el acceso a los servicios de distribución  de manera que se eviten malos usos y desperdicio energético.

Uno de nuestros puntos favoritos en esta ley es la lucha contra la obsolescencia programada. El texto prohibe la fabricación de productos con una duración predeterminada e incluso impone multas de hasta 300.000 euros y penas de hasta dos años de prisión para aquellas empresas que decidan fabricar bienes con «fecha de caducidad». El objetivo es llegar a una economía colaborativa en la que los objetos sean duraderos y no productos de consumo y rechazo, para reducir emisiones y sobre todo, residuos.

Además, se trabajará en la reducción del consumo energético y de la huella de carbono, objetivos a los que se pretende llegar implantando medidas como la mejora de las instalaciones energéticas, el desmantelamiento de viejas centrales nucleares, y la reducción del 50% del uso de esta energía.

Solo lo relacionado con tasar al transporte pesado por su participación en la huella de carbono parece que no va a poder prosperar. La idea era establecer una ecotasa que compensara las emisiones y el desgaste de recursos, pero las amenazas de huelga y otras acciones han frenado esta parte de la ley.

En resumen, la ley resulta un primer paso en una política de consumo compartido, gestión responsable y reducción de residuos que, si nada se tuerce, parece que serán los pilares de la política europea en cuestión medioambiental y energética para los años a venir, ya que el Comité Económico y Social de la Unión Europea pedirá a los países miembros que lancen leyes en esa línea. Falta ver si los partidos políticos de cada uno de estos países dejan de un lado sus rencillas y son capaces de llegar a un acuerdo que a, a largo plazo, va a resulta en riqueza para todos.